LA LEY SOBRE EL MAR CANARIO: UN ÉXITO INCOMPRENDIDO

En repetidísimas ocasiones se presentaba en las Cortes Generales Propuestas de Ley para la Delimitación de los espacios marítimos españoles en el mar canario, con el objetivo de que el Estado nos reconociera como un territorio archipelágico uniendo el conjunto de islas e islotes con sus respectivos espacios marítimos circundantes, compuestos por mar territorial, zona económica exclusiva y fondos marinos, de acuerdo a la Ley.

Mientras, los gobiernos de UCD, PSOE y PP negaban aprobar dichas propuestas alegando que era inconstitucional por ser incompatible con el Derecho Internacional del Mar, a lo que solo reconocía dicha Delimitación a los Archipiélagos que son Estados, y Canarias no lo es. El mismo Tratado Internacional del Mar, dice que otro archipiélagos que no son Estados y que reúnan condiciones geográficas e históricas, podrán tener la misma consideración bajo una Autonomía Plena Interna. En el mundo existen varios archipiélagos no Estados, que tienen delimitados su territorio archipelágico con sus espacios marítimos, en sus autonomías y en la Constitución al Estado al que pertenecen. 

El interés de los canarios es reflejar la unión entre las islas y las aguas que las separan, formando una unidad territorial española y buscar la mejor forma jurídica para que terceros Estados no interfieran en dichos espacios marítimos españoles sin la previa autorización correspondiente de quien ostente las competencias sobre dichas aguas interiores.

En los años de la transición se conocía dos propuestas para lograr la delimitación de los espacios marítimos de Canarias. Una era la más directa: un Archipiélago Estado, y otra con Leyes Marítimas internas españolas. La primera era una rápida ruptura con el Estado y para ello teníamos que buscar el apoyo mayoritario no solo del pueblo, sino también del reconocimiento internacional. Ahí tenemos el problema del Sahara como amarga experiencia inalcanzable. La segunda tropezaba por la falta de base jurídica en su defensa, los diferentes ponentes, Baeza, Barbuzano, Ríos y Paulino, tropezaban una y otra vez en la misma piedra; la ley española era de rango inferior a la ley internacional, por lo tanto los argumentos del Estado era siempre el mismo, se rechaza por su inconstitucionalidad.

Contra ambos argumentos fracasado a lo largo de la historia, surgió en el año 2004 un nuevo proyecto con el objetivo de lograr una delimitación marítima que fuera poco a poco acercándose a su reconocimiento internacional. Primero había que buscar la concienciación del pueblo a través de mociones en todos los municipios y cabildos de las islas, elevar la nueva propuesta al gobierno canario, al Estado y a la Unión Europea para finalmente si fuese necesario, ante las Naciones Unidas.

La defensa de esa nueva iniciativa tenía que estar basada en la propia Constitución española, en el Derecho Internacional del Mar y en el Derecho Internacional Comparado, o sea, con las mismas herramientas jurídicas del Estado podíamos alcanzar nuestro sueño que era utópico, pero realizable si se trabaja incansablemente. Y después de este tiempo, por fin comienza el primer paso; la aprobación de una Ley que delimitará históricamente las aguas marítimas de Canarias bajo la jurisdicción del Estado español. Dicha Ley se denominará “aguas canarias”, que en el Derecho Internacional significa “aguas archipelágicas”, y con las mismas aplicaciones al ser coincidentes las aguas interiores y la zona económica exclusiva. Esta Ley se aprobará a final de este mes, y al eliminar la palabra jurídica “aguas archipelágicas”, y al hacer mención de que dicha “Ley de Aguas Canarias” respetará el vigente Tratado Internacional del Mar, careciendo de contenido jurídico a efectos internacionales, siendo una Ley unilateral española que no obliga a terceros Estados.

De momento es un primer paso adelante. El siguiente paso será su redacción en el Estatuto de Autonomía y el tercer y definitivo paso, que la Autonomía Canaria figure en la Constitución Española sin contradicciones con el Derecho Internacional del Mar. La Ley de aguas canarias tendrá carácter de Ley Orgánica, y producirá  consecuencias internacionales cuando en la Constitución Española figure el Estatuto de Plena Autonomía Interna que recomienda el Derecho Internacional del Mar para los archipiélagos no Estados.

Dicen de esta Ley que no tiene valor alguno, que es papel mojado e incluso que va contra el artículo 132 de la Constitución que dice de los espacios marítimos y de sus recursos naturales, que son bienes de dominio público del Estado, por ello es falsa. Nosotros decimos que para eso está el Tribunal Constitucional y serán quienes niegan que una Ley aprobada en las Cortes Españolas los que presente recursos de inconstitucionalidad. Casi están diciendo que existe una prevaricación por aprobar una Ley a sabiendas que la Constitución no lo permite. Estos sujetos pretenden que Canarias tenga aguas que separen las islas y las ocupen terceros Estados, o pretenden también que España no legisle sobre su soberanía marítima y jurisdicción de la zona económica exclusiva. También las islas tienen derecho a las 200 millas de ZEE, y las aguas dentro del perímetro archipelágico tienen esa condición, a la que la nueva Ley llamará “aguas canarias”. Y lo que es de soberanía del Estado la Ley puede ceder competencias.

Y para aquellos que dicen que es contrario al Derecho Internacional del Mar, deberán esperar a que terceros Estados presenten sus quejas y denuncias ante el Tribunal Internacional de la Haya. El Tribunal Constitucional fue el primer objetivo que nos marcamos desde la primera moción presentada ante las instituciones canarias. El segundo era provocar que una delimitación controvertida como es esta Ley, fuese denunciada por terceros Estados ante el Tribunal Internacional de Justicia.

Firmado: Antonio Rodríguez de León - DNI 42.697.787N

CANARIAS NECESITA LA URGENTE REFORMA DE LA CONSTITUCION

La creciente internacionalización de la economía ha hecho que el comercio canario dependa cada vez más de las decisiones de la Unión Europea. Las competencias exclusivas del Estado sobre los espacios marítimos y aéreos de Canarias corresponde al Estado, regulado por una Constitución que hoy con los cambios producidos en estos 32 años, hacen de Canarias un territorio empobrecido por su dependencia  no así sobre los espacios marítimos más allá de las aguas territoriales, que corresponde a la jurisdicción internacional.

Pero al estar sujetos a una Constitución prácticamente intocable, donde prevalece el  “interés general” de las diferencias, sobre la voluntad mayoritaria de una comunidad con idiosincrasias históricas que las hacen diferentes, por lo que el llamado interés general no es favorecer al pueblo, sino a aquellos que quieren una unidad forzada a sus intereses de partidos.

Todas estas circunstancias obligará quiérase o no, a una reforma constitucional cuando necesariamente y en cada momento las circunstancias lo requieran. La realidad actual es que el Estado se reserva indebidamente el desarrollo y crecimiento de las comunidades autónomas, eso hace que en la práctica, las comunidades autónomas estén secuestradas contra su voluntad, porque la Constitución les impide a su propia Gobernanza Interna “por interés general” de quienes gobiernan el Estado.

Esta práctica del interés general del Estado está causando un gran perjuicio socio-económico y político de Canarias. El interés general del Estado obligan a las islas a ser totalmente dependiente del exterior. El interés general del Estado, obligan a Canarias a depender de las decisiones políticas de Marruecos. España siempre cede ante los chantajes del vecino. Una prueba evidente lo tenemos en el acuerdo de pesca entre la U.E. y Marruecos, donde se les reconocen ejercer sus derechos sobre las aguas interiores del archipiélago, sin ninguna alegación en contra por parte de España, porque parece que el interés general del Estado, es no enfadar a Mohamed VI, aunque ello signifique atropellar la dignidad de los canarios.

        

Habría que recordar una vez más que cuando el Estado español asumió en su Ordenamiento Interno en el año 1997, el Tratado Internacional del Mar, era consciente de que Canarias solo podría establecer la zona económica exclusiva española hacia el Oeste de Punta Teno, nunca en dirección al Continente africano, porque prevalece las del Estado de Marruecos, que sí puede establecer la zona económica exclusiva del mar sobre el propio archipiélago canario, hasta alcanzar las 200 millas desde sus costas. Lo dice el Tratado de Pesca. Acaso el “interés general” del Estado español, es incompatible con que Canarias pueda compartir soberanía con España concretamente sobre un tema de máxima seguridad para la protección de un territorio español. O pretenden integrarnos en el Magreb, por intereses comerciales de los Estados de la Unión Europea con Marruecos.

         Debemos de superar la idea de una soberanía española rígida para el conjunto de autonomías del Estado. España  mantiene la idea de una unidad territorial de Estado como garante del “interés general”, de obligado cumplimiento para todas las autonomías aunque ello suponga renunciar a los espacios marítimos-aéreos que circundan al conjunto de las Islas Canarias.

La mejor forma de proteger la españolidad de Canarias, es reconocer jurídicamente a Canarias su condición archipielágica, frente a las pretensiones expansionista de Marruecos. Y si esa solución no fuese aceptada por el gobierno español alegando “interés general de Estado”, lo lógico sería que dejen a Canarias que decidamos nuestro destino. No queremos encontrarnos con la misma situación que España buscó para la exprovincia española del Sahara Occidental, que fue entregada a Marruecos por interés general del Estado español.

         Los canarios tenemos que empezar a plantearnos en ofrecer respuestas globales a los grandes problemas concretos que se encuentren, especialmente con los diferentes espacios geográficos marítimos aéreos, sujetos a una mayor capacidad de actuación jurídica internacional, de la que Canarias ampliaría su Comunidad Autónoma en 720.000 KM2.

         Es evidente que todo esto supone una importante confrontación con el texto actual de la constitución española, pero la realidad es que dentro de los próximos diez años, las dos terceras partes del texto constitucional del estado español será absorbido por la legislación europea. Y para España, las relaciones con Marruecos es preferentemente de interés general de Estado.

La unidad física territorial de los espacios marítimos aéreos están reglamentados internacionalmente, distinguiendo jurídicamente los espacios sometidos a la jurisdicción nacional de los Estados ribereños de aquellos espacios marítimos situados más allá de la jurisdicción nacional de los Estados continentales y Estados Archipielágicos. En ella se incluyen las aguas interiores, el mar territorial, la zona  económica exclusiva y la plataforma continental.

El gobierno de España debe de reconsiderar si le conviene la defensa de Canarias como territorio español, o por el contrario debe de plegarse a las reivindicaciones de Marruecos. Si se está por la defensa de Canarias, deberá de optar por reformar la Constitución para adaptarla al Derecho Internacional del Mar, (art.94 CE) y a partir de ahí, dotar a la Comunidad Archipelágica de Canarias de un estatuto con Plena Autonomía Interna (art. 305e DIM).

Si esto fuese insuficiente por exigencias de Mohamed VI, entonces España tendría que proceder en un periodo razonable la preparación de Canarias hacia su independencia, antes que ser entregada a Marruecos.

Solo pedimos a nuestros políticos un buen sentido común con nuestra realidad geográfica. No podemos estar al margen del derecho Internacional, porque nuestra situación actual de islas españolas sobre la plataforma continental de Marruecos, España nunca podrá defendernos ante el Tribunal Internacional de la Haya. Existe jurisprudencia que favorecen las tesis de Marruecos, así que ojo avizor, antes que nos tiren por la borda para que nos devoren los tiburones de Mohamed VI.

En Telde a, 6 de diciembre de 2010

Firmado:

Antonio Rodríguez de León

LA ENERGÍA DEL VIENTO SOBRE EL MAR CANARIO

La Energía Eólica Marina, conocida internacionalmente como Offshore (Alta Mar), tiene previsto un crecimiento verdaderamente espectacular en la próxima década, llegando hasta los 150.000 megavatios de potencia instalada, que llegará a cubrir hasta el 15% de la demanda eléctrica europea.

España, que ha sido y sigue siendo una de las naciones punteras en la investigación fabricación e instalación de aerogeneradores y parques eólicos, (ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en el sector de la energía eólica) no solo en el territorio nacional sino en el resto del mundo, se está quedando rezagada en la instalación de parques de aerogeneradores marinos, no contando ni con un solo Kilovatio de potencia instalado, a la fecha de escribir este artículo. Al contrario de lo que sucede en nuestro País, algunas naciones de la UE pisan el acelerador para hacer de la eólica marina una de sus principales fuentes de electricidad.

En lo que respecta a nuestras islas, el principal problema consiste en la ausencia de plataforma marina que las rodeen, pues existen grandes profundidades a poco que nos alejemos de las costas. Afortunadamente, ya se ha logrado fabricar aerogeneradores sobre infraestructuras flotantes, que serán la solución para poder aprovechar el gran potencial eólico que rodea a nuestras islas.

Hay que tener en cuenta que el viento es más potente, continuo y estable y libre de turbulencias, en alta mar, puesto que no existen montañas que produzcan fluctuaciones en la dirección y potencia del mismo, siendo a su vez, mucho más grandes los aerogeneradores, produciendo cada uno de ellos mucha más potencia. Por otra parte, la eólica marina presenta un menor coste medioambiental y de impacto paisajístico, aspecto este considerado por muchos como negativo en las instalaciones terrestres, aunque, personalmente, a mi me produce el efecto contrario, pues cuando observo un aerogenerador lo asocio automáticamente a la producción de energía limpia, que nos libera de la emisión de toneladas anuales del pernicioso gas de efecto invernadero que es el CO2 .

Parece ser que el presidente de la nación, el Sr. Zapatero, quiere apostar decididamente por las energías renovables, ya que se espera que en el próximo decenio, esta actividad pueda generar cientos de miles de puestos de trabajo en España, que es lo que precisamente necesita este país, claro que nosotros lo necesitamos ahora., y, esperemos que no en la próxima década.

En la actual crisis económica en que nos encontramos hay un dato importante que resaltar, y es que la energía del viento ha sabido sortearla como pocas y aún mantener su empuje en Europa.

Según la Asociación Europea de Energía Eólica, esta fuente limpia, segura e inagotable, acaparó el 39% de la nueva potencia renovable instalada durante el año pasado en la UE, con un total de 10.163 megavatios, lo que supone un incremento del 23% con respecto a 2008 y esto con la que está cayendo, y por si eso fuera poco, las previsiones dejan entrever que de aquí a 2020 la UE podría triplicar su actual potencia de energía eólica.

En cuanto a la eólica, se asegura que en los próximos diez años, el 25 % de la misma que se instale en la UE será marina, siendo ya Europa el líder mundial en esta tecnología, con 2.056 MW, instalados en 38 parques eólicos de nueve países, con un total de 825 aerogeneradores, y ya se habla que en este período de los próximos diez años, la energía offshore crecerá en todo el mundo a un ritmo del 32% anual, hasta abastecer las necesidades energéticas de 37 millones de hogares.

En España, el Ministerio de Industria ha adelantado que confía en que a finales de este año esta energía supere el objetivo de 20.155 megavatios establecidos en el plan de Energías Renovables 2005-2010, una potencia que espera incrementar hasta los 35.000 MW en 2020.
"Actualmente, y, concretamente a las 12.40 horas del día 9 de noviembre, los parques eólicos de España producían más electricidad que ninguna otra fuente de energía. En ese momento, y según los datos de REE, el 39,7% de los kilowatios que estaban consumiendo los españoles era de origen eólico; el 21,2 % lo producían otras fuentes limpias de energía (solar, biomasa, hidráulica) o centrales de cogeneración;

el 20% estaba saliendo de centrales nucleares; el 13,4%, de centrales de ciclo combinado, que queman gas natural; y solo el 2,4% lo producían centrales térmicas que queman carbón"

Como ya he comentado otras veces, para Canarias es fundamental alcanzar la independencia energética del exterior, aprovechando las inmejorables condiciones naturales con las que contamos: más horas de sol que cualquier otra región europea y viento fuerte y constante en ciertas zonas de nuestras islas, y por supuesto en alta mar.

No podemos estar sujetos a las fluctuaciones del precio del petróleo, no debemos depender del gobierno central para las subvenciones, no podemos estar sometidos a los vaivenes políticos de los países productores del petróleo, no podemos seguir siendo la región ultraperiférica de Europa que más contamina, habida cuenta que, por nuestra configuración geográfica, de terreno fragmentado en islas, cada una de ellas ha de producir su propia energía, quemando combustibles fósiles, altamente contaminantes.

En nuestras islas, aún no se conocen proyectos de implantación de parques eólicos en alta mar, siempre, lógicamente, dentro de las doce millas que rodean a cada una de nuestras islas ya que ese es el dominio que tiene España sobre las aguas que nos rodean y en las que estamos inmersos, siendo, desafortunadamente, internacionales el resto, inclusive las que se encuentran entre nuestras islas, después de esas doce millas, y, para más INRI, en la zona económica exclusiva del Reino de Marruecos.

Uno de los inconvenientes que tiene el desarrollo e implantación de la energía eólico marina es el alto coste de sus aerogeneradores, por la infraestructura flotante que los sostiene, llegando a ser hasta el doble que el de un generador terrestre, además con el inconveniente añadido que representa el trasporte de la energía producida hasta tierra, esto hace que mientras quede espacio en tierra firme donde instalar aerogeneradores, esta será la opción preferente de los inversores.

Existe un tercer inconveniente a tener en cuenta en la instalación de la offshore: las dificultades de la batimetría o profundidad de la plataforma que rodea a cada una de nuestras islas, lo que impide la instalación de infraestructuras fijas para los aerogeneradores marinos, más baratas que las flotantes.

Parte de la responsabilidad de que no se hayan instalado parques marinos la tiene el gobierno central, habida cuenta que presentaron el estudio estratégico ambiental del litoral español, incluido Canarias, con dos años de retraso, siendo este documento el que determina las zonas de dominio público marítimo-terrestre que, a efectos medioambientales, reúnen las condiciones favorables para la instalación de estos parques, y también por el complicado procedimiento administrativo que es necesario realizar para la tramitación de autorización para instalarlos, que ha propiciado que los más de treinta proyectos presentados a raíz de la publicación de dicho estudio estratégico, se encuentran empantanados sin visos de solución a corto tiempo.

En cuanto a la implantación de la energía eólica en tierra, el crecimiento del negocio en Gran Canaria está a expensas del desarrollo futuro del Aeropuerto de Gando, y, por lo tanto, de las decisiones de Aviación Civil, organismo que ha retirado el veto al 60% del suelo en el entrono de Gando que cuestionaba el propuesto por el Cabildo de Gran Canaria en el Plan Eólico para ubicar parques de aerogeneradores, habida cuenta que muchos de los terrenos están en zonas afectadas por el desarrollo del Aeropuerto.

Estos terrenos, emplazados en los términos municipales de Telde, Ingenio y Agüimes, serán objeto de un estudio sobre la afección aérea, analizando el proyecto antes de dar el visto bueno. Esperemos que pronto comencemos a ver crecer los parques eólicos en tierra, ya que los marinos, creemos, se demorarán algo más.

Fuentes: Boletín Energías Renovables [infoweb@energias-renovables.com], La Provincia Digital, y Revista Técnica Industrial núm. 288

Manuel Fernández

LA OTRA LECTURA DEL PACTO DE MADRID

Se vislumbra en el horizonte lo que sucederá para las próximas elecciones en la Comunidad Canaria. En esta casa de tres, dos gobiernan y uno se va a la oposición. Lo que no es probable seria un gobierno con mayoría absoluta. En Canarias nunca se han entendido el PP  con el PSOE, así que la novia siempre ha sido los insularcitas-nacionalistas como acompañante de un partido centralista. Cuando nació Coalición Canaria uniendo todos los insularismos en un solo proyecto nacionalista, el socio de gobierno centralista procuraba en favorecer los intereses del grupo insularista más fuerte. La cuestión es romper la unidad del nacionalismo canario.

Zapatero firmó un Pacto con Coalición Canaria, donde solo leemos críticas negativas, la Plataforma por el Mar Canario, que aspira un Archipiélago con pleno derecho acogerse al Tratado Internacional del Mar, hacemos otra lectura, que puede ser correcta o no, pero estamos en nuestro derecho de exponerla públicamente:

Conceder competencias a Canarias sobre aquellas aguas marítimas alrededor del archipiélago, en la que España tenga plena soberanía o jurisdicción., como son las aguas territoriales y las de zona económica exclusiva. Las aguas encerradas dentro del perímetro archipelágico, tienen el concepto jurídico de aguas interiores, reconocido en el Derecho Internacional como principio archipelagico aplicado exclusivamente a los archipiélagos reconocidos jurídicamente. También es verdad que aquellas islas que no tengan la consideración de archipiélago como es el caso de Canarias, el Estado al que pertenezca su soberanía, puede fijar la zona económica exclusiva, desde un punto cualquiera de la costa insular hasta las 200 millas marinas. Y allí donde proceda un cruce de aguas de zona económica exclusiva de otros Estados, se procederá el establecimiento de una línea Medianera o fronteriza de acuerdo con el Derecho Internacional y su jurisprudencia.

El gran problema es que España como Estado soberano de las islas, no ha establecido la fijación de la mediana alrededor Canarias, bien como archipiélago, o bien como islas. La diferencia de aplicar uno ú otro concepto jurídico, es la que esperamos los canarios, aún sin respuestas. No debemos de olvidar que Marruecos tiene jurisdicción en las 200 millas sobre las aguas canarias como islas, excepto las territoriales españolas, pero no así si fuésemos jurídicamente un archipiélago, que serían aguas bajo jurisdicción española, y con previas transferencias de titularidad Canaria.

Zapatero se comprometió también a sacar adelante el Estatuto de Autonomía, que en su día los socialistas votaron en contra, con el añadido de que no se condicionará la reforma electoral canaria, y eso ha sido un golpe bajo y duro a los socialistas canarios, que ahora procuraran echarlo abajo con la ayuda de los centralistas Populares. El ceder competencias exclusivas del Estado a Canarias, ha sacado de quicio el PP y PSOE a nivel nacional, ha levantado ampollas en todos los medios de comunicación en la capital del Reino, provocando el pronunciamiento contrario de profesores en Derecho Constitucional y Marítimo.

Dicho Pacto ha puesto en guardia a estos dos partidos extremadamente centralistas, hasta tal punto que ya están pensando la posibilidad en dejar sin silla de gobierno a CC, aunque obtenga 29 parlamentarios. PP y PSOE impedirán por todos los medios, que los nacionalistas no vayan a lograr ese Estatuto de Plena Autonomía que prácticamente les dejarían con una representación política residual e insignificante y permanentemente en la oposición. Un caso claro de comparación lo tenemos en la isla de El Hierro. Con el establecimiento de la mediana con los países vecinos, una vez lograda la Plena Autonomía, se acordaría de acuerdo al Derecho Internacional, el reparto de zona económica exclusiva, allí donde confluyan dos o más Estados.

Tal como está la actual situación, España solo podría tener zona económica exclusiva, al oeste de punta Teno, y hasta las 200 millas marinas al oeste de El Hierro. Al norte de La Palma, España comparte la zona económica exclusiva con Portugal, y al Este de Fuerteventura con Marruecos. España no puede aplicarse unilateralmente jurisdicción sobre dichas zonas económicas exclusivas si antes no llega a un acuerdo con los Estados colindantes, previa fijación de la correspondiente Mediana de reconocimiento internacional, marcadas en cartas náuticas y enviadas a las naciones unidas para que se informe a todos los Estados firmantes del Tratado, por si tienen algo que alegar a su reconocimiento. Para el Tratado Internacional del Mar, Canarias son un conjunto de islas, y como tal, tendrá que aplicarse el artículo 121 del mencionado Tratado, y  no la Parte IV, cuyas estipulaciones son exclusivas para los archipiélagos, sean Estados,  o de Estado. Primero tendríamos que ser reconocidos como Archipiélago por la Constitución española y de Europa, para luego acogerse a la Parte Cuarta. No siendo Canarias un Archipiélago de Estado, sí podría alcanzar la consideración de un Archipiélago de Estado (que no lo somos), para ello España tendría que desarrollar una reforma constitucional, donde dicho reconocimiento como archipiélago esté acompañado de un Estatuto de Autonomía Especial, cuyas estipulaciones estén de acorde con el Tratado Internacional y del que Canarias pueda ser Parte Firmante del Tratado. Ese es el cascabel que hay que poner al gato. ¿Se atrevería Coalición Canaria?

Nunca ningún gobierno del PSOE o del PP, han aceptado transferir espacios marítimos de Canarias con jurisdicción bajo soberanía española. Por tal motivo decimos desde la Plataforma por el Mar Canario, que lo pactado entre Zapatero y Rivero, es un hecho histórico, al menos en éste tema concreto. Ahora bien, con estos espacios marítimos transferidos a la Comunidad Autónoma, solo queda por trabajar para que siendo Canarias jurídicamente un archipiélago de Estado dentro de la Constitución Española, nos quedaría por reclamar un Estatuto de Autonomía donde España le transfiera a Canarias, todas aquellas competencias marítimas internacionales que estén bajo jurisdicción española, o sea, mar territorial y zona económica exclusiva. En esa situación las llamadas aguas interiores archipelágicas de Canarias confluirán con la zona económica exclusiva de soberanía española y jurisdicción canaria. Y cuando la Autoridad Marítima Internacional, presente su veredicto a los Estados Partes fijando las líneas Medianeras o Fronterizas de Canarias como archipiélago de soberanía española con Estatuto de Autonomía Interna dotado de Pleno Gobierno, los Estados vecinos tendrán que aceptar las fronteras equidistantes desde las líneas archipelágicas que unen los puntos más extremos de cada isla. ¿Se atreverán los políticos canarios del PP y PSOE, a plantear a sus jefes de Madrid por un Estatuto de Plena Autonomía Interna?

Firmado: Antonio Rodríguez de León

D.N.I. nº 42.697.787N

Presidente de la Plataforma por el Mar Canario

LA MEDIANA Y LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA

            Desde el año 1976, las deliberaciones realizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores para tratar la Mediana entre Canarias y  Marruecos,  eran “secretas”, antes y después de constituirse Canarias en comunidad autónoma. Aún hoy son secretas.  A Marruecos nunca le interesó cerrar una línea fronteriza que la separen de las islas canarias, considera que les pertenecen. Por esas fechas en Canarias existía una gran preocupación por un pequeño grupo de intelectuales canarios, dispuestos a establecer la definición de los espacios marítimos como archipiélago, trazando la mediana con Portugal y Marruecos. No tuvieron entonces el suficiente coraje para imponerse. Tampoco se tuvo en las múltiples presentaciones de Ley para lograrlo. Todas fueron ninguneadas por el Gobierno Central de turno. Habría que entrar en los Diarios de sesiones de las Cortes españolas, para valorar lo firmado entre zapatero y Rivero. Les aseguro, que no es nuestra reivindicación, pero valoramos que por primera vez en la historia, se está a punto de lograr que las aguas de soberanía española en Canarias, puedan ser transferidas a la Comunidad Autónoma. Tenemos que entender que España no puede dar lo que no tiene. Hoy son las aguas territoriales, ahora debemos ponernos las pilas para conseguir las aguas interiores y la zona económica exclusiva de 200-350 millas al oeste de El Hierro. Con unidad política se podrá conseguir fuera de partidismo ideológico. No debemos permitir que existan espacios marítimos entre las islas que puedan estar bajo jurisdicción de otro Estado, ni siquiera aceptar espacios marítimos que separen las islas como aguas internacionales.   

Comenzaré a analizar la cuestión de la Delimitación del Mar Canario, desde la primera solicitud de transferencia a Canarias de las aguas de soberanía española. Dicha primera Proposición de Ley fue presentada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Popular en la oposición, el 10 de octubre de 1991, siendo defendida desde la Tribuna de oradores, por el canario Felipe Baeza. 

Para interés general, transcribo el texto del artículo primero: Se transfiere a la Comunidad Autónoma de Canarias las facultades legislativas y ejecutivas correspondientes a la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos de las aguas y del lecho y del subsuelo del mar, en el mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental del archipiélago canario; así como las facultades correspondientes a la gestión de la exploración y utilización en éstos de islas artificiales, instalaciones y estructuras; a la investigación científica marina relativa a dichos espacios; a la protección y preservación de éstos; y a los derechos y deberes que en relación con éstos atribuye el Derecho Internacional al Estado ribereño, siempre que por su naturaleza sean transferibles a las Comunidades Autónomas.

El Grupo Parlamentario de la UCD en el gobierno, para rechazar la petición del Grupo Popular, envió a la tribuna de oradores al también canario Oscar Bergasa, contestando que la palabra empleada por el Sr. Baeza, como Mar Canario era solo un hecho folclórico, poético o literario, cuando debería emplear Mar Español, derrotando la primera iniciativa de Ley, para transferir a la Comunidad Autónoma las aguas de soberanía española. Dicho planteamiento reivindicativo sobre los espacios marítimos por fuera de las doce millas del mar territorial y de las 200 de zona económica exclusiva, fueron fijadas marcando ambas distancias desde las líneas de base recta de cada isla y no desde el perímetro archipelágico, en relación cierta con el artículo 121 del Tratado Internacional del Mar. También es verdad que con esta tesis, se renuncia a que Canarias tenga un mar de aguas archipelágicas españolas y con titularidad exclusiva canaria como aguas interiores. Sobre la Zona Económica Exclusiva, según expertos marítimos, las aguas archipelágicas son exclusiva de los Estados Archipelágicos. La Plataforma dice que también los archipiélagos dotados por el Estado de un Estatuto de Autonomía Interna, con Gobierno Pleno, con la aprobación de la Autoridad marítima Internacional.  

Los canarios llevamos esperando 34 años, a que el Gobierno de España se digne a fijar en la Constitución los límites fronterizos de Canarias, obligando a terceros estados, a su cumplimiento. Es un derecho de los canarios y una obligación del Estado.  Paralizar cualquier intento sobre la Delimitación fronteriza del Mar Canario, no existe excusa alguna y muchos menos que se pueda enfadar el vecino. Precisamente a Marruecos le interesa eternizar el acuerdo fronterizo. Dicen que entre Marruecos y Canarias no existen fronteras porque las islas adyacentes, también son Marruecos.

Portugal y Marruecos presentaron ante la Autoridad Marítima Internacional las cartas náuticas acreditativas, sobre la zona económica exclusiva, invadiendo parte de zona económica en las islas canarias. Marruecos se tragó las aguas de Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, e imponiéndose unilateralmente con su método de la mediana. España en ningún momento presentó la correspondiente queja ni siquiera cartas náuticas a la misma autoridad para establecer sus derechos marítimos españoles en Canarias. Eso explica la teoría del Sr. Baeza, donde afirma que, para fijar la zona económica exclusiva española en Canarias, se tendrá en cuenta las líneas de base rectas de la isla, nunca del perímetro del archipiélago porque significaría establecer el principio archipelágico, e iría contra el Derecho Internacional. Nosotros decimos que es prácticamente inviable internacionalmente aplicar la jurisdicción española sobre unos espacios que está bajo la jurisdicción de otros Estados con derechos propios y reconocidos ante las Naciones Unidas. Para entendernos, las aguas que la Autoridad Marítima Internacional reconoce jurisdicción sobre las 200 millas solicitadas por un Estado, solo las puede variar con una denuncia de otro Estado perjudicado, como es el español con respecto a la defensa marítima de Canarias. Sería un Tribunal Internacional quien decidiera la controversia, después de escuchar a los Estados afectados. Si España no inicia dicho litigio por la Delimitación de los Espacios Marítimos de Canarias, y del que puedo afirmar que no tiene interés alguno, sea cual sea el Gobierno Central, léase el BOE nº 170, de 17 de julio de 2003. Con estas condiciones jurídicas, España está potenciando en el futuro una enorme conflictividad, que un Tribunal Internacional puede resolver. En estos momentos, España solo puede trazar  transitoriamente la zona económica exclusiva desde las líneas de base rectas, a partir de la isla el Hierro, ¡ojo!, hasta que Marruecos obtenga la prevista ampliación a 350 millas de su Plataforma Continental, entonces dejará de ser aguas españolas para ser aguas marroquí.

Solo estableciendo la Mediana Fronteriza con Marruecos, España podría evitar este entuerto, antes de que sea demasiado tarde. Debemos saber que España por sí solo, con el Derecho Marítimo en la mano, no podrá conseguirlo ya que la jurisprudencia internacional fallaría a favor de Marruecos, donde la Mediana entre Estado prevalece la línea equitativa, en contra de la línea equidistante preferida por España. Sin embargo también debemos saber, y es obligación de todo buen canario, que el derecho internacional permite que Canarias con otro Estatuto de Autonomía, si puede obligar a Marruecos el establecimiento de la línea equidistante. Solo la voluntad de unidad amplia de los políticos canarios, podríamos alcanzar que España concediera un Estatuto de Autonomía, que sea suficiente frenar y poner en su sitio, las aspiraciones expansionista de Marruecos.

Quisiéramos aclarar con todo respeto desde nuestra Plataforma, a la teórica alternativa archipelágica que ofrece el Sr. Baeza, que dice: Madeira y Azores no tienen aplicado el principio archipelágico, y no lo tiene porque no los necesitan, argumentando la sencilla razón de que no tienen el porqué delimitar la mediana con ningún Estado vecino, Azores no, porque no tiene un Estado colindante, pero sí Madeira, que delimita con Canarias. Para que España pueda aplicar la zona económica exclusiva de Canarias tal como lo explica el Sr. Baeza, es imprescindible establecer la mediana con Marruecos, sin ella la jurisdicción de las aguas está bajo titularidad del Estado Continental. Los Estados soberanos están obligados a presentar  su zona económica exclusiva a la Autoridad Marítima Internacional establecida en Montego Bay, señalando en sus cartas náuticas, las líneas fronterizas hasta donde alcanza su petición, estableciendo la mediana con sus vecinos, que se hará firme si no presentase denuncia por parte del Estado afectado.

Definitivamente afirmamos que, mientras no exista una mediana fronteriza que separen las aguas de zona económica entre Canarias y Marruecos, España carece de jurisdicción sobre las aguas por fuera de las doce millas de soberanía española. Eso es lo que firmó Paulino con Rivero, la cesión por parte de España a Canarias de las aguas territoriales, porque son de soberanía española. Las aguas llamadas jurídicamente “aguas interiores” y las aguas de la zona económica exclusiva, España no puede ceder las competencias a Canarias, si antes no logra establecer la Mediana Fronteriza. En estos momentos es la Autoridad Marítima Internacional, quien puede pronunciarse y España renuncia a un litigio que sabe de antemano que perderá. Pero el remedio es peor que la enfermedad, y es que España al dar esquivas sobre el contencioso internacional sobre la Delimitación de los Espacios Marítimos de Canarias, está provocando en un futuro no lejano, la inseguridad territorial, marítima y aérea de Canarias, de la que saldrá beneficiado el vecino marroquí.