La creciente internacionalización de la economía ha hecho que el comercio canario dependa cada vez más de las decisiones de la Unión Europea. Las competencias exclusivas del Estado sobre los espacios marítimos y aéreos de Canarias corresponde al Estado, regulado por una Constitución que hoy con los cambios producidos en estos 32 años, hacen de Canarias un territorio empobrecido por su dependencia no así sobre los espacios marítimos más allá de las aguas territoriales, que corresponde a la jurisdicción internacional.
Pero al estar sujetos a una Constitución prácticamente intocable, donde prevalece el “interés general” de las diferencias, sobre la voluntad mayoritaria de una comunidad con idiosincrasias históricas que las hacen diferentes, por lo que el llamado interés general no es favorecer al pueblo, sino a aquellos que quieren una unidad forzada a sus intereses de partidos.
Todas estas circunstancias obligará quiérase o no, a una reforma constitucional cuando necesariamente y en cada momento las circunstancias lo requieran. La realidad actual es que el Estado se reserva indebidamente el desarrollo y crecimiento de las comunidades autónomas, eso hace que en la práctica, las comunidades autónomas estén secuestradas contra su voluntad, porque la Constitución les impide a su propia Gobernanza Interna “por interés general” de quienes gobiernan el Estado.
Esta práctica del interés general del Estado está causando un gran perjuicio socio-económico y político de Canarias. El interés general del Estado obligan a las islas a ser totalmente dependiente del exterior. El interés general del Estado, obligan a Canarias a depender de las decisiones políticas de Marruecos. España siempre cede ante los chantajes del vecino. Una prueba evidente lo tenemos en el acuerdo de pesca entre la U.E. y Marruecos, donde se les reconocen ejercer sus derechos sobre las aguas interiores del archipiélago, sin ninguna alegación en contra por parte de España, porque parece que el interés general del Estado, es no enfadar a Mohamed VI, aunque ello signifique atropellar la dignidad de los canarios.
Habría que recordar una vez más que cuando el Estado español asumió en su Ordenamiento Interno en el año 1997, el Tratado Internacional del Mar, era consciente de que Canarias solo podría establecer la zona económica exclusiva española hacia el Oeste de Punta Teno, nunca en dirección al Continente africano, porque prevalece las del Estado de Marruecos, que sí puede establecer la zona económica exclusiva del mar sobre el propio archipiélago canario, hasta alcanzar las 200 millas desde sus costas. Lo dice el Tratado de Pesca. Acaso el “interés general” del Estado español, es incompatible con que Canarias pueda compartir soberanía con España concretamente sobre un tema de máxima seguridad para la protección de un territorio español. O pretenden integrarnos en el Magreb, por intereses comerciales de los Estados de la Unión Europea con Marruecos.
Debemos de superar la idea de una soberanía española rígida para el conjunto de autonomías del Estado. España mantiene la idea de una unidad territorial de Estado como garante del “interés general”, de obligado cumplimiento para todas las autonomías aunque ello suponga renunciar a los espacios marítimos-aéreos que circundan al conjunto de las Islas Canarias.
La mejor forma de proteger la españolidad de Canarias, es reconocer jurídicamente a Canarias su condición archipielágica, frente a las pretensiones expansionista de Marruecos. Y si esa solución no fuese aceptada por el gobierno español alegando “interés general de Estado”, lo lógico sería que dejen a Canarias que decidamos nuestro destino. No queremos encontrarnos con la misma situación que España buscó para la exprovincia española del Sahara Occidental, que fue entregada a Marruecos por interés general del Estado español.
Los canarios tenemos que empezar a plantearnos en ofrecer respuestas globales a los grandes problemas concretos que se encuentren, especialmente con los diferentes espacios geográficos marítimos aéreos, sujetos a una mayor capacidad de actuación jurídica internacional, de la que Canarias ampliaría su Comunidad Autónoma en 720.000 KM2.
Es evidente que todo esto supone una importante confrontación con el texto actual de la constitución española, pero la realidad es que dentro de los próximos diez años, las dos terceras partes del texto constitucional del estado español será absorbido por la legislación europea. Y para España, las relaciones con Marruecos es preferentemente de interés general de Estado.
La unidad física territorial de los espacios marítimos aéreos están reglamentados internacionalmente, distinguiendo jurídicamente los espacios sometidos a la jurisdicción nacional de los Estados ribereños de aquellos espacios marítimos situados más allá de la jurisdicción nacional de los Estados continentales y Estados Archipielágicos. En ella se incluyen las aguas interiores, el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental.
El gobierno de España debe de reconsiderar si le conviene la defensa de Canarias como territorio español, o por el contrario debe de plegarse a las reivindicaciones de Marruecos. Si se está por la defensa de Canarias, deberá de optar por reformar la Constitución para adaptarla al Derecho Internacional del Mar, (art.94 CE) y a partir de ahí, dotar a la Comunidad Archipelágica de Canarias de un estatuto con Plena Autonomía Interna (art. 305e DIM).
Si esto fuese insuficiente por exigencias de Mohamed VI, entonces España tendría que proceder en un periodo razonable la preparación de Canarias hacia su independencia, antes que ser entregada a Marruecos.
Solo pedimos a nuestros políticos un buen sentido común con nuestra realidad geográfica. No podemos estar al margen del derecho Internacional, porque nuestra situación actual de islas españolas sobre la plataforma continental de Marruecos, España nunca podrá defendernos ante el Tribunal Internacional de la Haya. Existe jurisprudencia que favorecen las tesis de Marruecos, así que ojo avizor, antes que nos tiren por la borda para que nos devoren los tiburones de Mohamed VI.
En Telde a, 6 de diciembre de 2010
Firmado:
Antonio Rodríguez de León
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