jueves, 16 de diciembre de 2010

LA LEY SOBRE EL MAR CANARIO: UN ÉXITO INCOMPRENDIDO

En repetidísimas ocasiones se presentaba en las Cortes Generales Propuestas de Ley para la Delimitación de los espacios marítimos españoles en el mar canario, con el objetivo de que el Estado nos reconociera como un territorio archipelágico uniendo el conjunto de islas e islotes con sus respectivos espacios marítimos circundantes, compuestos por mar territorial, zona económica exclusiva y fondos marinos, de acuerdo a la Ley.

Mientras, los gobiernos de UCD, PSOE y PP negaban aprobar dichas propuestas alegando que era inconstitucional por ser incompatible con el Derecho Internacional del Mar, a lo que solo reconocía dicha Delimitación a los Archipiélagos que son Estados, y Canarias no lo es. El mismo Tratado Internacional del Mar, dice que otro archipiélagos que no son Estados y que reúnan condiciones geográficas e históricas, podrán tener la misma consideración bajo una Autonomía Plena Interna. En el mundo existen varios archipiélagos no Estados, que tienen delimitados su territorio archipelágico con sus espacios marítimos, en sus autonomías y en la Constitución al Estado al que pertenecen. 

El interés de los canarios es reflejar la unión entre las islas y las aguas que las separan, formando una unidad territorial española y buscar la mejor forma jurídica para que terceros Estados no interfieran en dichos espacios marítimos españoles sin la previa autorización correspondiente de quien ostente las competencias sobre dichas aguas interiores.

En los años de la transición se conocía dos propuestas para lograr la delimitación de los espacios marítimos de Canarias. Una era la más directa: un Archipiélago Estado, y otra con Leyes Marítimas internas españolas. La primera era una rápida ruptura con el Estado y para ello teníamos que buscar el apoyo mayoritario no solo del pueblo, sino también del reconocimiento internacional. Ahí tenemos el problema del Sahara como amarga experiencia inalcanzable. La segunda tropezaba por la falta de base jurídica en su defensa, los diferentes ponentes, Baeza, Barbuzano, Ríos y Paulino, tropezaban una y otra vez en la misma piedra; la ley española era de rango inferior a la ley internacional, por lo tanto los argumentos del Estado era siempre el mismo, se rechaza por su inconstitucionalidad.

Contra ambos argumentos fracasado a lo largo de la historia, surgió en el año 2004 un nuevo proyecto con el objetivo de lograr una delimitación marítima que fuera poco a poco acercándose a su reconocimiento internacional. Primero había que buscar la concienciación del pueblo a través de mociones en todos los municipios y cabildos de las islas, elevar la nueva propuesta al gobierno canario, al Estado y a la Unión Europea para finalmente si fuese necesario, ante las Naciones Unidas.

La defensa de esa nueva iniciativa tenía que estar basada en la propia Constitución española, en el Derecho Internacional del Mar y en el Derecho Internacional Comparado, o sea, con las mismas herramientas jurídicas del Estado podíamos alcanzar nuestro sueño que era utópico, pero realizable si se trabaja incansablemente. Y después de este tiempo, por fin comienza el primer paso; la aprobación de una Ley que delimitará históricamente las aguas marítimas de Canarias bajo la jurisdicción del Estado español. Dicha Ley se denominará “aguas canarias”, que en el Derecho Internacional significa “aguas archipelágicas”, y con las mismas aplicaciones al ser coincidentes las aguas interiores y la zona económica exclusiva. Esta Ley se aprobará a final de este mes, y al eliminar la palabra jurídica “aguas archipelágicas”, y al hacer mención de que dicha “Ley de Aguas Canarias” respetará el vigente Tratado Internacional del Mar, careciendo de contenido jurídico a efectos internacionales, siendo una Ley unilateral española que no obliga a terceros Estados.

De momento es un primer paso adelante. El siguiente paso será su redacción en el Estatuto de Autonomía y el tercer y definitivo paso, que la Autonomía Canaria figure en la Constitución Española sin contradicciones con el Derecho Internacional del Mar. La Ley de aguas canarias tendrá carácter de Ley Orgánica, y producirá  consecuencias internacionales cuando en la Constitución Española figure el Estatuto de Plena Autonomía Interna que recomienda el Derecho Internacional del Mar para los archipiélagos no Estados.

Dicen de esta Ley que no tiene valor alguno, que es papel mojado e incluso que va contra el artículo 132 de la Constitución que dice de los espacios marítimos y de sus recursos naturales, que son bienes de dominio público del Estado, por ello es falsa. Nosotros decimos que para eso está el Tribunal Constitucional y serán quienes niegan que una Ley aprobada en las Cortes Españolas los que presente recursos de inconstitucionalidad. Casi están diciendo que existe una prevaricación por aprobar una Ley a sabiendas que la Constitución no lo permite. Estos sujetos pretenden que Canarias tenga aguas que separen las islas y las ocupen terceros Estados, o pretenden también que España no legisle sobre su soberanía marítima y jurisdicción de la zona económica exclusiva. También las islas tienen derecho a las 200 millas de ZEE, y las aguas dentro del perímetro archipelágico tienen esa condición, a la que la nueva Ley llamará “aguas canarias”. Y lo que es de soberanía del Estado la Ley puede ceder competencias.

Y para aquellos que dicen que es contrario al Derecho Internacional del Mar, deberán esperar a que terceros Estados presenten sus quejas y denuncias ante el Tribunal Internacional de la Haya. El Tribunal Constitucional fue el primer objetivo que nos marcamos desde la primera moción presentada ante las instituciones canarias. El segundo era provocar que una delimitación controvertida como es esta Ley, fuese denunciada por terceros Estados ante el Tribunal Internacional de Justicia.

Firmado: Antonio Rodríguez de León - DNI 42.697.787N

sábado, 11 de diciembre de 2010

CANARIAS NECESITA LA URGENTE REFORMA DE LA CONSTITUCION

La creciente internacionalización de la economía ha hecho que el comercio canario dependa cada vez más de las decisiones de la Unión Europea. Las competencias exclusivas del Estado sobre los espacios marítimos y aéreos de Canarias corresponde al Estado, regulado por una Constitución que hoy con los cambios producidos en estos 32 años, hacen de Canarias un territorio empobrecido por su dependencia  no así sobre los espacios marítimos más allá de las aguas territoriales, que corresponde a la jurisdicción internacional.

Pero al estar sujetos a una Constitución prácticamente intocable, donde prevalece el  “interés general” de las diferencias, sobre la voluntad mayoritaria de una comunidad con idiosincrasias históricas que las hacen diferentes, por lo que el llamado interés general no es favorecer al pueblo, sino a aquellos que quieren una unidad forzada a sus intereses de partidos.

Todas estas circunstancias obligará quiérase o no, a una reforma constitucional cuando necesariamente y en cada momento las circunstancias lo requieran. La realidad actual es que el Estado se reserva indebidamente el desarrollo y crecimiento de las comunidades autónomas, eso hace que en la práctica, las comunidades autónomas estén secuestradas contra su voluntad, porque la Constitución les impide a su propia Gobernanza Interna “por interés general” de quienes gobiernan el Estado.

Esta práctica del interés general del Estado está causando un gran perjuicio socio-económico y político de Canarias. El interés general del Estado obligan a las islas a ser totalmente dependiente del exterior. El interés general del Estado, obligan a Canarias a depender de las decisiones políticas de Marruecos. España siempre cede ante los chantajes del vecino. Una prueba evidente lo tenemos en el acuerdo de pesca entre la U.E. y Marruecos, donde se les reconocen ejercer sus derechos sobre las aguas interiores del archipiélago, sin ninguna alegación en contra por parte de España, porque parece que el interés general del Estado, es no enfadar a Mohamed VI, aunque ello signifique atropellar la dignidad de los canarios.
        
Habría que recordar una vez más que cuando el Estado español asumió en su Ordenamiento Interno en el año 1997, el Tratado Internacional del Mar, era consciente de que Canarias solo podría establecer la zona económica exclusiva española hacia el Oeste de Punta Teno, nunca en dirección al Continente africano, porque prevalece las del Estado de Marruecos, que sí puede establecer la zona económica exclusiva del mar sobre el propio archipiélago canario, hasta alcanzar las 200 millas desde sus costas. Lo dice el Tratado de Pesca. Acaso el “interés general” del Estado español, es incompatible con que Canarias pueda compartir soberanía con España concretamente sobre un tema de máxima seguridad para la protección de un territorio español. O pretenden integrarnos en el Magreb, por intereses comerciales de los Estados de la Unión Europea con Marruecos.

         Debemos de superar la idea de una soberanía española rígida para el conjunto de autonomías del Estado. España  mantiene la idea de una unidad territorial de Estado como garante del “interés general”, de obligado cumplimiento para todas las autonomías aunque ello suponga renunciar a los espacios marítimos-aéreos que circundan al conjunto de las Islas Canarias.

La mejor forma de proteger la españolidad de Canarias, es reconocer jurídicamente a Canarias su condición archipielágica, frente a las pretensiones expansionista de Marruecos. Y si esa solución no fuese aceptada por el gobierno español alegando “interés general de Estado”, lo lógico sería que dejen a Canarias que decidamos nuestro destino. No queremos encontrarnos con la misma situación que España buscó para la exprovincia española del Sahara Occidental, que fue entregada a Marruecos por interés general del Estado español.

         Los canarios tenemos que empezar a plantearnos en ofrecer respuestas globales a los grandes problemas concretos que se encuentren, especialmente con los diferentes espacios geográficos marítimos aéreos, sujetos a una mayor capacidad de actuación jurídica internacional, de la que Canarias ampliaría su Comunidad Autónoma en 720.000 KM2.

         Es evidente que todo esto supone una importante confrontación con el texto actual de la constitución española, pero la realidad es que dentro de los próximos diez años, las dos terceras partes del texto constitucional del estado español será absorbido por la legislación europea. Y para España, las relaciones con Marruecos es preferentemente de interés general de Estado.

La unidad física territorial de los espacios marítimos aéreos están reglamentados internacionalmente, distinguiendo jurídicamente los espacios sometidos a la jurisdicción nacional de los Estados ribereños de aquellos espacios marítimos situados más allá de la jurisdicción nacional de los Estados continentales y Estados Archipielágicos. En ella se incluyen las aguas interiores, el mar territorial, la zona  económica exclusiva y la plataforma continental.

El gobierno de España debe de reconsiderar si le conviene la defensa de Canarias como territorio español, o por el contrario debe de plegarse a las reivindicaciones de Marruecos. Si se está por la defensa de Canarias, deberá de optar por reformar la Constitución para adaptarla al Derecho Internacional del Mar, (art.94 CE) y a partir de ahí, dotar a la Comunidad Archipelágica de Canarias de un estatuto con Plena Autonomía Interna (art. 305e DIM).

Si esto fuese insuficiente por exigencias de Mohamed VI, entonces España tendría que proceder en un periodo razonable la preparación de Canarias hacia su independencia, antes que ser entregada a Marruecos.

Solo pedimos a nuestros políticos un buen sentido común con nuestra realidad geográfica. No podemos estar al margen del derecho Internacional, porque nuestra situación actual de islas españolas sobre la plataforma continental de Marruecos, España nunca podrá defendernos ante el Tribunal Internacional de la Haya. Existe jurisprudencia que favorecen las tesis de Marruecos, así que ojo avizor, antes que nos tiren por la borda para que nos devoren los tiburones de Mohamed VI.


En Telde a, 6 de diciembre de 2010

Firmado:
Antonio Rodríguez de León

lunes, 6 de diciembre de 2010

LA ENERGÍA DEL VIENTO SOBRE EL MAR CANARIO

La Energía Eólica Marina, conocida internacionalmente como Offshore (Alta Mar), tiene previsto un crecimiento verdaderamente espectacular en la próxima década, llegando hasta los 150.000 megavatios de potencia instalada, que llegará a cubrir hasta el 15% de la demanda eléctrica europea.

España, que ha sido y sigue siendo una de las naciones punteras en la investigación fabricación e instalación de aerogeneradores y parques eólicos, (ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en el sector de la energía eólica) no solo en el territorio nacional sino en el resto del mundo, se está quedando rezagada en la instalación de parques de aerogeneradores marinos, no contando ni con un solo Kilovatio de potencia instalado, a la fecha de escribir este artículo. Al contrario de lo que sucede en nuestro País, algunas naciones de la UE pisan el acelerador para hacer de la eólica marina una de sus principales fuentes de electricidad.

En lo que respecta a nuestras islas, el principal problema consiste en la ausencia de plataforma marina que las rodeen, pues existen grandes profundidades a poco que nos alejemos de las costas. Afortunadamente, ya se ha logrado fabricar aerogeneradores sobre infraestructuras flotantes, que serán la solución para poder aprovechar el gran potencial eólico que rodea a nuestras islas.

Hay que tener en cuenta que el viento es más potente, continuo y estable y libre de turbulencias, en alta mar, puesto que no existen montañas que produzcan fluctuaciones en la dirección y potencia del mismo, siendo a su vez, mucho más grandes los aerogeneradores, produciendo cada uno de ellos mucha más potencia. Por otra parte, la eólica marina presenta un menor coste medioambiental y de impacto paisajístico, aspecto este considerado por muchos como negativo en las instalaciones terrestres, aunque, personalmente, a mi me produce el efecto contrario, pues cuando observo un aerogenerador lo asocio automáticamente a la producción de energía limpia, que nos libera de la emisión de toneladas anuales del pernicioso gas de efecto invernadero que es el CO2 .

Parece ser que el presidente de la nación, el Sr. Zapatero, quiere apostar decididamente por las energías renovables, ya que se espera que en el próximo decenio, esta actividad pueda generar cientos de miles de puestos de trabajo en España, que es lo que precisamente necesita este país, claro que nosotros lo necesitamos ahora., y, esperemos que no en la próxima década.

En la actual crisis económica en que nos encontramos hay un dato importante que resaltar, y es que la energía del viento ha sabido sortearla como pocas y aún mantener su empuje en Europa.

Según la Asociación Europea de Energía Eólica, esta fuente limpia, segura e inagotable, acaparó el 39% de la nueva potencia renovable instalada durante el año pasado en la UE, con un total de 10.163 megavatios, lo que supone un incremento del 23% con respecto a 2008 y esto con la que está cayendo, y por si eso fuera poco, las previsiones dejan entrever que de aquí a 2020 la UE podría triplicar su actual potencia de energía eólica.

En cuanto a la eólica, se asegura que en los próximos diez años, el 25 % de la misma que se instale en la UE será marina, siendo ya Europa el líder mundial en esta tecnología, con 2.056 MW, instalados en 38 parques eólicos de nueve países, con un total de 825 aerogeneradores, y ya se habla que en este período de los próximos diez años, la energía offshore crecerá en todo el mundo a un ritmo del 32% anual, hasta abastecer las necesidades energéticas de 37 millones de hogares.

En España, el Ministerio de Industria ha adelantado que confía en que a finales de este año esta energía supere el objetivo de 20.155 megavatios establecidos en el plan de Energías Renovables 2005-2010, una potencia que espera incrementar hasta los 35.000 MW en 2020.
"Actualmente, y, concretamente a las 12.40 horas del día 9 de noviembre, los parques eólicos de España producían más electricidad que ninguna otra fuente de energía. En ese momento, y según los datos de REE, el 39,7% de los kilowatios que estaban consumiendo los españoles era de origen eólico; el 21,2 % lo producían otras fuentes limpias de energía (solar, biomasa, hidráulica) o centrales de cogeneración;

el 20% estaba saliendo de centrales nucleares; el 13,4%, de centrales de ciclo combinado, que queman gas natural; y solo el 2,4% lo producían centrales térmicas que queman carbón"

Como ya he comentado otras veces, para Canarias es fundamental alcanzar la independencia energética del exterior, aprovechando las inmejorables condiciones naturales con las que contamos: más horas de sol que cualquier otra región europea y viento fuerte y constante en ciertas zonas de nuestras islas, y por supuesto en alta mar.

No podemos estar sujetos a las fluctuaciones del precio del petróleo, no debemos depender del gobierno central para las subvenciones, no podemos estar sometidos a los vaivenes políticos de los países productores del petróleo, no podemos seguir siendo la región ultraperiférica de Europa que más contamina, habida cuenta que, por nuestra configuración geográfica, de terreno fragmentado en islas, cada una de ellas ha de producir su propia energía, quemando combustibles fósiles, altamente contaminantes.

En nuestras islas, aún no se conocen proyectos de implantación de parques eólicos en alta mar, siempre, lógicamente, dentro de las doce millas que rodean a cada una de nuestras islas ya que ese es el dominio que tiene España sobre las aguas que nos rodean y en las que estamos inmersos, siendo, desafortunadamente, internacionales el resto, inclusive las que se encuentran entre nuestras islas, después de esas doce millas, y, para más INRI, en la zona económica exclusiva del Reino de Marruecos.

Uno de los inconvenientes que tiene el desarrollo e implantación de la energía eólico marina es el alto coste de sus aerogeneradores, por la infraestructura flotante que los sostiene, llegando a ser hasta el doble que el de un generador terrestre, además con el inconveniente añadido que representa el trasporte de la energía producida hasta tierra, esto hace que mientras quede espacio en tierra firme donde instalar aerogeneradores, esta será la opción preferente de los inversores.

Existe un tercer inconveniente a tener en cuenta en la instalación de la offshore: las dificultades de la batimetría o profundidad de la plataforma que rodea a cada una de nuestras islas, lo que impide la instalación de infraestructuras fijas para los aerogeneradores marinos, más baratas que las flotantes.

Parte de la responsabilidad de que no se hayan instalado parques marinos la tiene el gobierno central, habida cuenta que presentaron el estudio estratégico ambiental del litoral español, incluido Canarias, con dos años de retraso, siendo este documento el que determina las zonas de dominio público marítimo-terrestre que, a efectos medioambientales, reúnen las condiciones favorables para la instalación de estos parques, y también por el complicado procedimiento administrativo que es necesario realizar para la tramitación de autorización para instalarlos, que ha propiciado que los más de treinta proyectos presentados a raíz de la publicación de dicho estudio estratégico, se encuentran empantanados sin visos de solución a corto tiempo.

En cuanto a la implantación de la energía eólica en tierra, el crecimiento del negocio en Gran Canaria está a expensas del desarrollo futuro del Aeropuerto de Gando, y, por lo tanto, de las decisiones de Aviación Civil, organismo que ha retirado el veto al 60% del suelo en el entrono de Gando que cuestionaba el propuesto por el Cabildo de Gran Canaria en el Plan Eólico para ubicar parques de aerogeneradores, habida cuenta que muchos de los terrenos están en zonas afectadas por el desarrollo del Aeropuerto.

Estos terrenos, emplazados en los términos municipales de Telde, Ingenio y Agüimes, serán objeto de un estudio sobre la afección aérea, analizando el proyecto antes de dar el visto bueno. Esperemos que pronto comencemos a ver crecer los parques eólicos en tierra, ya que los marinos, creemos, se demorarán algo más.

Fuentes: Boletín Energías Renovables [infoweb@energias-renovables.com], La Provincia Digital, y Revista Técnica Industrial núm. 288

Manuel Fernández